El Parlamento Europeo aprobó el aplazamiento de las nuevas normas sobre sostenibilidad y diligencia debida
El Parlamento Europeo aprobó este jueves, en sesión plenaria, el aplazamiento de las fechas de aplicación de los nuevos requisitos en materia de diligencia debida e información corporativa sobre sostenibilidad. La medida, respaldada por 531 votos a favor, 69 en contra y 17 abstenciones, se enmarcó en el paquete de simplificación normativa impulsado por la Comisión Europea con el objetivo de aliviar la carga regulatoria y reforzar la competitividad en el ámbito empresarial europeo.
Las nuevas obligaciones de diligencia debida, que buscan que las empresas mitiguen su impacto negativo sobre los derechos humanos y el medio ambiente, fueron prorrogadas un año. De este modo, los Estados miembros tendrán hasta el 26 de julio de 2027 para transponer la directiva a sus legislaciones nacionales. El primer grupo de empresas afectadas —compañías europeas con más de 5.000 empleados y una facturación superior a 1.500 millones de euros, así como empresas no comunitarias con operaciones equivalentes en la UE— tendrán que aplicar las normas a partir de 2028.
Del mismo modo, el segundo grupo —integrado por empresas con más de 3.000 empleados y más de 900 millones de euros de facturación— también comenzará a cumplir con la normativa en 2028, al igual que sus equivalentes extracomunitarios.
En lo que respecta a la directiva sobre información corporativa en materia de sostenibilidad, se acordó un aplazamiento de dos años para el segundo y tercer grupo de empresas obligadas. Las grandes empresas con más de 250 empleados deberán presentar sus primeros informes sobre impacto social y ambiental en 2028 (correspondientes al ejercicio 2027), mientras que las pymes cotizadas dispondrán de un año adicional y comenzarán a reportar en 2029.
Un paso más en la simplificación regulatoria europea
La decisión formó parte del paquete Omnibus I, presentado por la Comisión Europea el pasado 26 de febrero de 2025, que contempla medidas específicas para racionalizar y flexibilizar los requisitos normativos sobre sostenibilidad. El paquete incluía además otra directiva con modificaciones sobre el contenido y alcance de las obligaciones de sostenibilidad, cuyo debate continuará en la Comisión de Asuntos Jurídicos del Parlamento.
En aras de agilizar el proceso legislativo, el Parlamento decidió el martes tramitar el expediente mediante procedimiento de urgencia. La aprobación formal del Consejo, necesaria para la entrada en vigor del texto, ya se había producido el 26 de marzo de 2025, por lo que se espera su publicación oficial en breve.
Con esta prórroga, las instituciones europeas han dado respuesta a las peticiones de diversos sectores económicos que solicitaban más tiempo para adaptar sus estructuras y garantizar una implementación eficaz de las nuevas obligaciones en materia ambiental, social y de gobernanza.
