España recibió autorización para destinar hasta 400 millones de euros a proyectos de hidrógeno renovable a través del Banco Europeo del Hidrógeno
Bruselas autorizó recientemente al Gobierno de España a dedicar hasta 400 millones de euros en ayudas directas a la producción de hidrógeno renovable en territorio nacional. Esta financiación estuvo dirigida a proyectos previamente preseleccionados en la segunda subasta como servicio (Auction as a Service) del Banco Europeo del Hidrógeno, pero que quedaron fuera del reparto final debido al agotamiento del presupuesto comunitario.
Estas subvenciones, contempladas en el marco del Fondo de Innovación de la Unión Europea, fueron financiadas con cargo a los recursos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR), y se centraron en reforzar la implantación del hidrógeno verde como vector estratégico para la descarbonización, especialmente en sectores industriales de difícil electrificación y transporte pesado. La medida se alineó con el objetivo de consolidar un ecosistema industrial integral en torno a este recurso.
España se había sumado formalmente al esquema del Banco Europeo del Hidrógeno en noviembre de 2024, buscando un instrumento complementario a los programas nacionales ya existentes para impulsar el despliegue del hidrógeno renovable. A diferencia de otras iniciativas centradas en subvencionar costes de inversión, esta modalidad apoyó directamente la producción de hidrógeno a través de primas fijas ofrecidas en el proceso de subasta.
El marco legal que reguló la concesión de estas ayudas fue sometido a consulta pública en marzo, y el Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE) se estableció como el organismo de referencia para canalizar la participación española en este proceso.
La segunda subasta comunitaria, cuya convocatoria cerró en diciembre de 2024, atrajo 61 ofertas procedentes de 11 Estados miembros, incluyendo ocho propuestas vinculadas al ámbito marítimo. La demanda total de ayudas superó los 4.800 millones de euros, multiplicando por cuatro el presupuesto habilitado inicialmente por el Fondo de Innovación (1.200 millones). Todas las solicitudes fueron evaluadas por la Agencia Ejecutiva Europea de Clima, Infraestructuras y Medio Ambiente (CINEA), que clasificó los proyectos en función del precio ofertado.
Una vez resuelta la puja, aquellos proyectos que obtuvieron una evaluación positiva pero no recibieron financiación europea pudieron ser apoyados por sus respectivos países, siempre que estos hubieran realizado una contribución voluntaria al fondo común. En el caso español, ese respaldo adicional alcanzó el límite de los 400 millones autorizados por la Comisión Europea.
La alta competitividad de los proyectos españoles ya había quedado patente en la primera edición de este mecanismo, celebrada en noviembre de 2023, en la que tres de los siete proyectos seleccionados fueron españoles, logrando captar más de un tercio del presupuesto total disponible.
La Comisión Europea subrayó entonces las ventajas del esquema de subastas como servicio, destacando su eficiencia administrativa, su capacidad para coordinar apoyos nacionales y europeos, y su papel en la aceleración de la descarbonización industrial en línea con los objetivos del Clean Industrial Deal. Tras la buena acogida de las dos convocatorias iniciales, se anticipa el lanzamiento de una tercera subasta a finales de 2025.
