La diputación de Pontevedra firma convenios con 13 ayuntamientos de la provincia para realizar la inspección de sus residuos
La Diputación de Pontevedra firmó convenios con 13 ayuntamientos de la provincia para realizar el servicio inspección de los residuos de empresas y negocios de sus respectivos territorios. De este modo, los municipios de Barro, Meis, Silleda, la mancomunidad del Morrazo, A Guarda, O Rosal, Tomiño, Salceda de Caselas, A Cañiza, As Neves y Mondariz Balneario contarán con personal funcionario provincial y subvenciones económicas de la Diputación para realizar el trabajo de control de la basura, un deber para las administraciones locales desde la aprobación de la nueva ley estatal de residuos el pasado mes de junio.
La intención es que el cuerpo provincial de inspección comience a trabajar entre los meses de febrero y marzo de 2023. Inicialmente el personal técnico realizará labores informativas entre empresas y negocios, explicando el deber de separar en origen las diferentes fracciones de residuos –nombradamente la parte orgánica- y de responsabilizarse de su tratamiento.
Posteriormente el cuerpo de inspección funcionará “con toda su eficiencia”, pudiendo también disponer sanciones en el caso de incumplimientos. Segundo subrayó el vicepresidente Mosquera, impulsor de la iniciativa, “no se pretende estar detrás de todo el mundo para sancionar”, sino que el principal trabajo será convencer de la necesidad del reciclaje, un trabajo que, segundo asume, “será lento pero sistemático”.
El nacionalista manifestó su esperanza en que la inspección de los residuos permita “uno empuje muy grande” nos objetivos de reciclaje, incluso mayor que con todo lo despliegue anterior de ayudas para colectores, composteros, y otro tipo de recursos, “disponiendo incluso con menor cueste”.
Destacó que la de la Diputación es una iniciativa “sorprendentemente pionera” en todo el estado español, donde aún no hay ningún municipio que disponga de servicio de inspección, por lo que auguró que en breve comenzarán a recibirse visitas para conocer el sistema, como ya aconteció con el modelo del Revitaliza. “Es sorprendente que nosotros seamos los primeros en tener inspección, porque ya era obligatoria en la ley de 2011”, destacó, al tiempo que insistió en que ahora es una exigencia.
“Sabíamos que los ayuntamientos podrían tener problemas para poner en marcha de manera individual sus sistemas de control y por eso la Diputación intentó suplir la carencia. La respuesta está por encima de las expectativas. Me los pretendía llegar la 100.000 habitantes y superamos los 240.000. (…) Sois unos valientes. Con vosotros va a funcionar y los objetivos de reciclaje tendrán un grande empuje”, insistió.
Por su parte, Carmela Silva se refirió a los ayuntamientos y la Mancomunidad que hoy firmaron los convenios como “la avanzadilla” y “los trece magníficos” y como “un ejemplo a seguir para todos los municipios de Galicia” en su apuesta por “un compromiso real para lo mejor tratamiento posible de los residuos”. “Los gustan presumir –añadió la presidenta- de que somos pioneros y pioneras. Hay que ser valientes y tener una mirada avanzada, y este proyecto la tiene”.
Destacó la labor de “diálogo en el territorio” que va a tener el nuevo cuerpo de inspectores e inspectoras “para convencer a empresas y negocios sobre el cumplimiento de la legislación y aplaudió a los gobiernos locales por sumarse “la tantos proyectos de transformación del territorio con un compromiso con otro modelo de provincia que nos está referenciando”, como ya ocurrió con el Revitaliza, el modelo de movilidad y las apuestas por la cultura y la igualdad.
Apuntó que esta transformación está siendo posible “por la complicidad total de los ayuntamientos y su actitud de escucha” y, en este sentido, volvió a criticar que el mundo local no es igualmente escuchado por otras administraciones cuando se ponen en marcha nuevas leyes y normas: “El mundo local está harto de que tengamos deberes, pero nunca un euro más de recursos –dijo-. Y tampoco nunca nos preguntan, porque se lo habían hecho seguramente me los tendría una mirada más avanzada y aportaríamos que hacen falta recursos de personal, económicos, de formación y control. Los parecen muy bien que se legisle y seamos un ejemplo pero hacen falta medios de los que en el mundo local carecemos”, citando como ejemplo a congelación desde 2009 por parte de la Xunta de Galicia del Fondo de Cooperación Local.
El cuerpo de personal inspector provincial estará formado por 11 funcionarios provinciales, que serán los encargados de identificar posibles incumplimientos y riesgos ambientales asociados a la actividad de negocios y empresas, mas en ningún caso en domicilios particulares. Deberán realizar exámenes y controles periódicos, incluso realizando grabaciones de imágenes, para levantar actas que podrán dar lugar a expedientes sancionadores.
