La UE alcanzó un acuerdo sobre la nueva legislación de seguimiento del suelo para mejorar su salud y apoyar a los agricultores
El pasado jueves por la mañana, los negociadores del Parlamento Europeo y del Consejo de la Unión Europea lograron un acuerdo político provisional sobre la propuesta de ley de vigilancia del suelo presentada por la Comisión Europea. El objetivo general de esta normativa era garantizar la salud de los suelos europeos para el año 2050, alineándose con la ambición de “contaminación cero” recogida en el Pacto Verde Europeo.
Este acuerdo informal marcó un hito en la consolidación de un marco jurídico común para toda la Unión Europea, que permitiera un seguimiento sistemático y armonizado de la salud del suelo en todos los Estados miembros. Entre las novedades principales acordadas se incluyó la creación de una lista pública de suelos potencialmente contaminados en un plazo de diez años y la exigencia de aplicar descriptores comunes para evaluar el estado físico, químico y biológico de los suelos.
Además, los países de la UE adquirieron el compromiso de establecer objetivos sostenibles no vinculantes en función de los distintos tipos de suelo y sus niveles de degradación, respetando al mismo tiempo las condiciones locales. Para facilitar la implementación, los Estados miembros conservarían la libertad de basarse en campañas nacionales existentes o metodologías equivalentes. La Comisión Europea, por su parte, acordó proporcionar apoyo técnico y financiero mediante la ampliación del programa de muestreo LUCAS Soils.
Una de las principales garantías del acuerdo fue que no se impusieron nuevas obligaciones directas a los agricultores ni a los silvicultores. En lugar de ello, los Estados miembros se comprometieron a proporcionar apoyo activo, incluyendo asesoramiento técnico, formación, fomento de la innovación y desarrollo de capacidades, así como campañas para aumentar la concienciación sobre la importancia de la resiliencia del suelo. También se estableció que se evaluaría periódicamente el coste económico que supone para los productores mejorar la salud de sus suelos.
En cuanto a la contaminación del suelo, la futura legislación estableció que los Estados miembros deberían elaborar y mantener una lista pública de emplazamientos potencialmente contaminados y abordar los riesgos inaceptables que estos representen para la salud humana y el medio ambiente. Además, 18 meses después de la entrada en vigor de la directiva, se acordó la publicación de una lista indicativa de sustancias emergentes —entre ellas los PFAS y ciertos pesticidas— que podrían representar un riesgo significativo para los suelos europeos.
El relator de la propuesta, Martin Hojsík, destacó que este acuerdo representaba «un hito importante para mejorar el apoyo a los agricultores y a todos los demás en el mantenimiento de suelos sanos». Subrayó también la importancia de ofrecer información clara y herramientas de apoyo, evitando al mismo tiempo una mayor carga administrativa.
Tras este acuerdo provisional en segunda lectura anticipada, se esperaba que el Consejo lo adoptase formalmente y que el Parlamento Europeo lo aprobara en sesión plenaria. La nueva directiva entraría en vigor 20 días después de su publicación oficial, y los Estados miembros tendrían tres años para adaptarse a las nuevas disposiciones.
Este acuerdo se produjo en un contexto alarmante: se estimaba que entre el 60 % y el 70 % de los suelos en la UE estaban en estado insalubre, afectados por fenómenos como la urbanización descontrolada, la intensificación agrícola, la baja tasa de reciclaje de tierras y el cambio climático. Los suelos degradados son responsables de la pérdida de biodiversidad, la reducción de los servicios ecosistémicos y una contribución significativa a la crisis climática, con un coste estimado para la UE de al menos 50.000 millones de euros anuales.
