La UE aplaza la entrada en vigor de las normas de diligencia ambiental para pilas y baterías
El nuevo reglamento amplía dos años el plazo de aplicación para facilitar la adaptación del sector y garantizar una implantación efectiva
El Consejo de la Unión Europea ha aprobado un acto legislativo que aplaza hasta el 18 de agosto de 2027 la entrada en vigor de las obligaciones de diligencia debida para pilas y baterías, una medida que busca dar margen al sector industrial para prepararse adecuadamente y asegurar la disponibilidad de organismos de verificación.
Este nuevo reglamento, integrado en el paquete normativo “Ómnibus IV”, responde a las demandas del tejido empresarial de contar con un entorno regulatorio más claro y aplicable, especialmente en sectores como el de almacenamiento energético y electromovilidad, estratégicos para la transición verde.
Más tiempo para implementar auditorías y trazabilidad ambiental
El Reglamento de Pilas y Baterías, aprobado en 2023, establece que los productores deben aplicar políticas de diligencia debida ambiental, verificar su cumplimiento a través de terceros independientes, someterse a auditorías periódicas e informar públicamente sobre su gestión de residuos y su impacto ambiental.
La norma ahora adoptada otorga dos años adicionales a fabricantes y exportadores para implantar estos requisitos, al tiempo que permite solventar los obstáculos detectados en la habilitación de organismos verificadores, imprescindibles para garantizar la transparencia del sistema.
Además, la Comisión Europea deberá publicar las directrices oficiales de diligencia debida con al menos un año de antelación a la nueva fecha de aplicación, para ofrecer seguridad jurídica a las empresas e impulsar una implementación más ágil y homogénea.
Simplificación normativa como eje de competitividad
Este aplazamiento se enmarca en una estrategia más amplia de simplificación regulatoria impulsada por la UE para reforzar su competitividad industrial, especialmente frente a los desafíos identificados en los informes Letta y Draghi. La llamada “revolución de la simplificación” busca reducir cargas administrativas y garantizar normativas comprensibles, especialmente para pymes y empresas medianas.
Además de este ajuste en el calendario del Reglamento de Pilas, el paquete “Ómnibus IV” incluye medidas de alivio normativo en protección de datos, digitalización y armonización técnica en productos industriales.
