La Xunta logra el aval de la UE a la Ley de administración ambiental como vía para simplificar la tramitación de proyectos energéticos e industriales claves para Galicia

La Comisión Europea (CE) avala la decisión de la Xunta de impulsar la Ley de administración ambiental simplificada de Galicia como un instrumento normativo que refuerce la seguridad jurídica tanto desde el punto de vista de los promotores como de las administraciones públicas y permita agilizar, siempre con plenas garantías medioambientales, la tramitación de nuevos proyectos de desarrollo energético e industrial que resulten claves para el futuro de la comunidad. 

Así lo anunciaron el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, y la conselleira de Medio Ambiente e Cambio Climático, Ángeles Vázquez, después de que el Consello tomara hoy razón de los resultados de la ronda de contactos que mantuvo en Bruselas la responsable autonómica. Tal y como recordó el presidente, se mantuvieron reuniones con representantes de la Comisión Europea y de la Representación Permanente del Estado en la UE (REPER) para abordar «la situación que está provocando el parón eólico en Galicia» y que afecta no solo a los parques  sino «a proyectos industriales» que precisan de su energía para ponerse en marcha.

Vázquez indicó que el balance de este viaje «es satisfactorio y positivo» ya que la UE avaló el rigor y buen trabajo de Galicia en materia de energías renovables.

En concreto, el viaje sirvió para que la Xunta expusiera ante las autoridades europeas los principios inspiradores de la futura Ley gallega de administración ambiental simplificada, una norma alineada con el objetivo de acelerar el desarrollo de las energías renovables en la UE y la declaración de su interés público superior, así como de otros proyectos industriales de calado, siempre con el máximo respeto a la protección ambiental.

La ley y sus objetivos fueron muy bien recibidos por parte de los interlocutores comunitarios, que coincidieron, además, en la necesidad de avanzar hacia la simplificación y en la regulación de procedimientos más sencillos e igual de garantistas que no dilaten los plazos de tramitación de proyectos alineados con los objetivos comunitarios de transición energética, como, por ejemplo, los eólicos.

De hecho, el bloqueo en la implantación de más potencia eólica en Galicia fue el tema central de las reuniones en Bruselas, donde la conselleira expuso la gran preocupación de la Xunta ante la parálisis que sufre este sector en la Comunidad en los últimos años, debido al goteo constante de recursos judiciales contra las resoluciones de autorización de nuevos parques que se iban emitiendo. 

En este sentido y con relación a la cuestión perjudicial sobre la tramitación eólica elevada en junio por el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) ante Europa, la Xunta insistió en la importancia que tendrá el pronunciamiento del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TXUE), dado que clarificará si el procedimiento aplicado en España a todas las evaluaciones ambientales es el correcto «tal y como defiende Galicia» o si la norma vigente que lo regula, la Ley estatal de evaluación ambiental de 2013, no recogió adecuadamente la normativa de la UE en este ámbito. Esa futura sentencia comunitaria permitirá acabar así con una situación de inseguridad jurídica que se podría extender al resto de España y de la UE.

Al respecto, los responsables tanto del Servicio Jurídico como de la Dirección General de Medio Ambiente de la CE trasladaron que, por petición del TSUE, remitirán sus respectivos informes para fijar su postura ante la cuestión perjudicial iniciada desde el TSXG.

Además y en el marco de la reunión mantenida con miembros de la REPER, la Xunta fue informada de la decisión del Ejecutivo central de comparecer también en el referido procedimiento, que cuestiona la norma sectorial básica del año 2013 en la que se enmarca la tramitación ambiental realizada por el Gobierno autonómico en el caso de los proyectos eólicos y su conformidad con la lectura que hace el tribunal gallego de la legislación comunitaria.

Tras coincidir en la trascendencia no solo para Galicia sino para toda la UE de que la Justicia europea fije de forma clara y definitiva la interpretación correcta de la norma comunitaria «que incorporó la Ley estatal de evaluación ambiental», ambas partes evaluaron la pertinencia de mantener una reunión técnica entre el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico y la Consellería de Medio Ambiente y Cambio Climático para abordar con detalle a cuestión perjudicial y la situación eólica en Galicia.

Pérdida del liderado eólico nacional

En la actualidad, la comunidad cuenta con un total de 190 parques eólicos en funcionamiento, que suman una potencia de 3.905,68 MW. En todo caso, hace falta recordar que el Plan sectorial eólico de Galicia prevé la implantación de 6.500 MW de potencia eólica y en la Agenda energética gallega se fijó cómo objetivo alcanzar en el horizonte del año 2030 los 8.000 MW, por lo que aún hay margen para la implantación de nuevos parques.

Debido a la situación de bloqueo que afecta al sector en Galicia desde el año 2020, en el día de hoy hay 135 parques eólicos autorizados, pero no operativos, de los cuales 104 están recurridos y 64 tienen la autorización suspendida por orden judicial.

De hecho, tal y como indicó la conselleira, «la Comunidad pasó de ser líder en España en potencia eólica instalada a caer hasta la cuarta posición», un retroceso que tiene su razón principal en la parálisis que afecta este sector de forma particular en Galicia y que le impide avanzar a la vez en los objetivos de descarbonización y lucha contra el cambio climático que promulgan todas las instituciones comunitarias para el conjunto de regiones y estados miembros.

Hace falta recordar que, en línea con la normativa europea de transición energética y aceleración de los procedimientos de autorización de energías renovables para conseguir la neutralidad climática, la Ley gallega de medidas fiscales y administrativas de 2023 declaró de interés público superior a planificación, construcción y explotación de los parques eólicos de competencia autonómica con el fin de agilizar su tramitación.

En la misma línea, la futura Ley de administración ambiental simplificada de Galicia -que cerró la fase de consulta pública previa a comienzos de septiembre- buscará avanzar también en la agilización de los trámites de proyectos de especial interés y trascendencia para la comunidad, entre los que destacan particularmente aquellos relacionados con la apuesta por las energías limpias.