Mejorar la aplicación de las normas ambientales reduce costes, protege la salud y fortalece la economía
Una correcta aplicación de la legislación ambiental puede ahorrar a Europa hasta 180.000 millones de euros al año, al reducir la contaminación, proteger los recursos naturales y prevenir riesgos ambientales. La última revisión sobre el cumplimiento de la normativa ambiental en los Estados miembros revela avances importantes, pero también una necesidad urgente de mejorar la ejecución en áreas clave como la gestión del agua, los residuos o la biodiversidad.
Costes de la inacción y oportunidades de mejora
La falta de aplicación efectiva de las normas ambientales genera un impacto equivalente al 1 % del PIB de la UE. Estos costes se traducen en pérdida de salud pública, degradación del entorno y desequilibrios económicos. La revisión señala que una mejor aplicación permitiría igualdad de condiciones entre empresas, mayor competitividad y beneficios sostenibles para la ciudadanía.
Ámbitos críticos para mejorar
- Residuos y economía circular: aunque algunos países han avanzado en eficiencia de recursos, muchos corren el riesgo de no cumplir los objetivos de reciclado para 2025. Se necesita una mejor prevención de residuos y rehabilitación de vertederos inadecuados.
- Agua: urge actuar para garantizar la calidad y disponibilidad de agua dulce, especialmente frente al aumento del riesgo de sequías. Aún queda margen para aprovechar mejor los fondos europeos destinados al tratamiento de aguas urbanas.
- Biodiversidad: la pérdida de hábitats y especies continúa, principalmente por la intensificación agrícola. Es fundamental integrar la conservación de la naturaleza en otras políticas sectoriales.
- Calidad del aire: pese a los progresos, los niveles de contaminación siguen siendo elevados en muchas zonas. La transición a una movilidad sostenible, técnicas agrícolas más limpias y mayor eficiencia energética son claves para mejorar el aire que respiramos.
- Cambio climático: aunque se ha logrado desvincular crecimiento económico y emisiones, algunos países siguen teniendo dificultades para aplicar medidas en sectores como el transporte por carretera o los edificios.
Gobernanza, inversión y acceso a la justicia
La revisión también apunta a la necesidad de reforzar la capacidad de gestión ambiental a través de inversiones adecuadas (se disponen de hasta 122.000 millones de euros anuales de fondos europeos), mejorar el acceso de la ciudadanía a los tribunales para defender el medio ambiente, y fomentar la participación de actores locales en la toma de decisiones.
Un marco para actuar
Esta revisión se basa en los informes de los 27 Estados miembros e identifica acciones prioritarias para cada país. En muchos casos, los gobiernos ya han iniciado diálogos nacionales, involucrando también a autoridades locales y partes interesadas, un paso clave para avanzar hacia una gobernanza ambiental más eficaz.
