Sogama actualiza su canon para 2026 solo con el IPC y mantiene el canon reducido gracias al apoyo autonómico
El canon de Sogama para 2026 se actualiza exclusivamente conforme al IPC, manteniendo además la posibilidad de acogerse a un canon reducido gracias a la aportación económica de la Xunta de Galicia.
El Diario Oficial de Galicia publicó el pasado 5 de febrero el importe correspondiente a la bolsa negra o fracción resto. El canon general se sitúa en 111,13 €/tonelada, mientras que el reducido queda fijado en 97,76 €/tonelada. La diferencia entre ambos será asumida por el Gobierno autonómico, que además distribuirá 12 millones de euros procedentes del Fondo de Compensación Ambiental entre todos los concellos gallegos, lo que supone en torno a 12 €/tonelada.
De este modo, el coste real para los ayuntamientos que cumplan los requisitos establecidos será de 85,76 €/tonelada.
Requisitos para acceder al canon reducido
Los ayuntamientos adheridos al sistema de gestión de residuos disponen de un mes para solicitar el canon reducido, condicionado al cumplimiento de los mismos criterios aplicados en 2025:
- Reducir en un 1% la entrega de bolsa negra (fracción resto), o
- Incrementar en un 3% el reciclaje de la bolsa amarilla (envases de plástico, latas y briks) o el compostaje de la materia orgánica recogida en el contenedor marrón.
En 2025, 280 de los 295 municipios adheridos al sistema solicitaron en plazo acogerse a esta modalidad.
A pesar de la actualización vinculada al IPC, el canon de Sogama continuará siendo el más bajo de España para plantas de su tipología, circunstancia posible gracias a la aportación económica de la Xunta.
Impacto de los tributos estatales
La evolución del canon se enmarca en la implantación de los tributos al vertido y a la incineración contemplados en la Ley 7/2022, en vigor desde enero de 2023.
Según los datos facilitados, la empresa pública asumió inicialmente en solitario unos impuestos que ascendieron a 9 millones de euros, en un contexto en el que el sector había mostrado su rechazo a estas medidas. Asimismo, la Xunta había manifestado su oposición durante el periodo de alegaciones, defendiendo el incentivo frente a la sanción como herramienta más eficaz para impulsar el reciclaje.
Posteriormente, decisiones adoptadas por el Gobierno central afectaron a la estructura financiera de la compañía, entre ellas:
- La supresión de la retribución a la inversión de la planta termoeléctrica, comprometida hasta 2026, lo que supuso dejar de ingresar en torno a 18 millones de euros anuales.
- La reducción de la retribución a la explotación de la planta de cogeneración.
- La recuperación del impuesto eléctrico del 7%.
Este escenario obligó a la empresa a suprimir en 2024 la bonificación del canon aplicada en años anteriores, que había permitido a los concellos un ahorro acumulado superior a 20 millones de euros, así como a revisar el importe del canon en 2024 y actualizarlo nuevamente en 2025.
Nueva exigencia sobre la tasa municipal
A este contexto se suma la obligación recogida también en la Ley 7/2022 de que, a partir de abril de 2025, la tasa municipal de basura no pueda ser deficitaria y deba cubrir todos los costes del servicio, desde la adquisición de contenedores hasta el transporte, combustible y campañas de formación y concienciación.
En este escenario, la actualización del canon limitada al IPC y el mantenimiento del canon reducido buscan ofrecer estabilidad a los entes locales gallegos, incentivando al mismo tiempo la reducción de la fracción resto y el incremento del reciclaje y el compostaje en toda la comunidad.
