El camino de la gestión municipal en la próximos años
Francisco Meis Durán, Técnico de Medio Ambiente. Ayuntamiento de O Grove
La gestión de residuos a nivel municipal viene demandando hace muchos años un cambio radical en un servicio que se ha mantenido en modelos no sostenibles en la mayoría de las administraciones locales. La cuenta atrás ha comenzado. El paquete sobre la economía circular, adoptado por la Comisión el 2 de diciembre de 2015, ha dado un gran impulso a la transición hacia una economía más circular en la UE, lo que ha contribuido a integrar el concepto como primer paso de un proyecto a largo plazo, siendo la reutilización de materias primas que actualmente se eliminan como residuos, en uno de los principios clave del paquete.
Los gobiernos son conscientes que la importancia de la gestión está precisamente en el mayor % de la bolsa domiciliaria (42% de materia orgánica) sin que, paradójicamente, a día de hoy su reciclaje sea una prioridad en los objetivos de la mayoría de los gobiernos municipales. Si queremos llegar a cumplir los porcentajes de reciclado del 50 % para el 2020 o el porcentaje de reciclado del 65% previsto en el paquete de economía circular para el año 2030, nos lleva a la clara conclusión que la única dirección a seguir es la recogida separada de los biorresiduos. Los ayuntamientos tienen la capacidad que le atribuye el artículo 2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local modificada por la Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de racionalización y sostenibilidad de la Administración Local, de actuar con eficacia y eficiencia así como con estricta sujeción a la normativa de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera. Sin embargo, la situación real de una inmensa mayoría de los municipios que, conforman la comunidad autónoma de Galicia, no se rigen por esos principios en la gestión de los residuos.
¿Están los ayuntamientos haciendo frente al coste real de su gestión? la respuesta es sencilla y totalmente contrastable…no!. Una gran parte no cubren los costes reales utilizando aplicaciones presupuestarias totalmente ajenas a los residuos con la finalidad de hacer frente al elevado coste que suponen los modelos actuales.
El cambio es necesario, pero no sólo desde el punto de vista técnico sino también y de forma fundamental de los representantes políticos que tienen que tomar las decisiones para que el sistema mude de rumbo, a costa, de que un cambio en el modelo pueda llevar aparejado un rechazo inicial de la población. La información es la clave de cualquier proceso de transformación. El ciudadano debe recibir y ser consciente del modelo actual y hacerle partícipe del proyecto para que actúe en primer término con responsabilidad ambiental y económica. La materia orgánica debe separarse en origen con el esfuerzo que eso implica para la ciudadanía.
Asociaciones ecologistas como Adega o Amigos da Terra, entre otras, llevan años incidiendo en la necesidad de reciclar la materia orgánica sin que en términos relativos sus demandas obtuvieran una respuesta total por parte de las entidades supramunicipales y municipales. En una radiografía actual del panorama local observamos que de los 314 municipios (INE 2016) que constituyen la comunidad autónoma de Galicia son escasos los que han implementado un modelo serio de separación de biorresiduos -menos de 25 ayuntamientos- e incluso, de los que han dado el paso ninguno está gestionando la totalidad de la materia orgánica. Sin miedo a equivocarnos, podemos afirmar que los pocos que hay actualmente no llegan al 50 % del reciclaje de la materia orgánica y salvo alguna excepción si es que la llega a haber, creemos que será difícil cumplir con los porcentajes del 50 % para el 2020.
Estas reflexiones se traducen en una conclusión clara: el futuro de la gestión de los residuos en los municipios, si queremos aproximarnos a las cifras propuestas por la Unión Europea, está sin ningún género de dudas en el tratamiento de la materia orgánica. Desde ahora mismo y en los próximos años el compostaje se erigirá en el modelo a seguir por las administraciones locales. En poblaciones dispersas o, de la periferia de los pueblos o ciudades, el auto compostaje se convierte en la solución más eficaz e idónea para viviendas con jardín o huerto. En barrios localizados en poblaciones con una mayor distribución vertical, compacta y la existencia de jardines próximos, la utilización de compostadores comunitarios es una buena opción. De igual modo para áreas urbanas compactas, tanto en poblaciones menores como en ciudades, el tratamiento descentralizado de residuos en pequeñas plantas es la opción económica y ecológicamente más viable, teniendo en cuenta además, que los grandes generadores estarán en su área de influencia. La existencia de estas infraestructuras en los municipios gallegos, tanto en su forma local o mancomunada, haría que se evitasen traslados innecesarios tratando en cercanía de forma eficiente la generación de residuos y causando con ello, nuevos puestos de trabajo en la localidad.
En España existe legislación suficiente que rija las directrices que deben seguir las entidades locales en la gestión de los biorresiduos, empezando por el Plan Estatal Marco de Gestión de Residuos (PEMAR) 2016-2022 en cuyos objetivos está la preparación para la reutilización y reciclado de los residuos con el alcance del 50 % en el 2020. No debemos olvidar que este plan da cumplimiento a la Directiva 2008/98/CE Marco de Residuo que constituye el principal instrumento normativo para cambiar el enfoque de la gestión de los residuos en Europa, al centrar su objetivo en la prevención y el reciclado.
En esa misma línea poseemos el Programa Estatal de Prevención de Residuos que hace referencia a otras medidas que, aunque no son estrictamente de prevención, inciden indirectamente en la prevención de residuos: “Las iniciativas de compostaje doméstico o comunitario han sido experiencias de éxito a escala local. La autogestión de los residuos orgánicos de origen doméstico permite un importante ahorro de costes de gestión de residuos domésticos a las entidades locales y, por lo tanto de reducción de impactos ambientales, especialmente asociados al transporte de los residuos. Además el auto compostaje permite a los ciudadanos utilizar el compost que obtengan como enmienda orgánica en su jardín.”
Por otro lado, la aprobación del Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se establecen disposiciones relativas a la comercialización de los productos fertilizantes con el marcado CE y se modifican los Reglamentos (CE) n.º 1069/2009 y (CE) n.º 1107/2009, aplicable a partir del 1 de enero de 2018, viene a apoyar y continuar la misma línea propuesta por el paquete sobre la economía circular, en donde la creación del reglamento sobre abonos tiene por objeto establecer un marco regulador que permita producir fertilizantes a partir de biorresiduos reciclados y de otras materias primas secundarias, en consonancia con la estrategia sobre bioeconomía.
Y más recientemente en el tiempo, en marzo de 2017, la Declaración de Sevilla respaldada por más de 60 responsables locales de España y otros países europeos, priorizaba entre sus líneas de trabajo desarrollar estrategias locales en favor de la economía circular favoreciendo el vertido cero, el reciclaje (especialmente de los biorresiduos), la reducción de los desperdicios alimentarios, el fomento del ecodiseño, de la prevención de residuos, de la reutilización y el reciclaje y el fomento de la compra pública de productos verdes.
Y por último, como ejemplo de una actuación que tendrá una futura influencia en la gestión municipal relacionada con la temática tratada, el Ayuntamiento de O Grove lidera una comisión sobre Economía Circular en la Federación Española de Municipios y Provincias que está trabajando conjuntamente en varias propuestas relacionadas con la gestión de la materia orgánica con la única finalidad de exportar modelos reproducibles a cualquier población española. Todo ello nos indica que los ayuntamientos gallegos tendrán que tomar medidas radicales en los próximos meses a corto plazo y a medio, en los próximos años, por economía, por sostenibilidad ambiental y sobre todo por responsabilidad, aunque ello conlleve consecuentemente una época de transición en donde los criterios técnicos tengan que ser obligatoriamente más decisivos que los políticos.
