Delincuencia medioambiental: el Consejo da luz verde a una nueva norma que endurece las sanciones y amplía la lista de delitos
El Consejo ha adoptado formalmente una Directiva relativa a la protección del medio ambiente mediante el Derecho penal. La norma mejorará la investigación y el enjuiciamiento de los delitos contra el medio ambiente.
La Directiva fija normas mínimas para toda la UE en relación con la determinación de los delitos y las sanciones y sustituye a la anterior, que data de 2008.
Aunque esta norma se aplicará únicamente a los delitos cometidos dentro de la UE, los Estados miembros podrán optar por ampliar su jurisdicción a aquellos que se cometan fuera de su territorio.
Lista ampliada de delitos
El número de conductas que constituirán delito pasará de nueve a veinte. Entre ellas figuran el tráfico de madera, el reciclado ilegal de componentes contaminantes de buques y las infracciones graves de la legislación sobre productos químicos.
La nueva norma también incorpora una cláusula sobre «delitos cualificados» que se aplica cuando un delito contemplado en la Directiva se comete de forma intencionada y causa la destrucción del medio ambiente o un daño irreversible o duradero a este.
Sanciones
Los delitos dolosos que causen la muerte de una persona serán punibles con una pena máxima de prisión de al menos diez años (con la posibilidad de que los Estados miembros establezcan penas más severas en sus ordenamientos jurídicos). Otros delitos se castigarán con penas de prisión de hasta cinco años. La pena máxima de privación de libertad para los delitos cualificados será de como mínimo ocho años.
En el caso de las empresas, las multas serán de al menos el 5 % del volumen de negocios total en todo el mundo para los delitos de mayor gravedad o, bien 40 millones de euros. Para los demás delitos, la multa máxima será de al menos el 3 % del volumen de negocios, o bien 24 millones de euros.
Los Estados miembros tendrán que asegurarse de que las personas físicas y las empresas puedan ser sancionadas con medidas adicionales, como la obligación de que el infractor restablezca el medio ambiente o compense los daños, su exclusión del acceso a financiación pública o la retirada de sus permisos o autorizaciones.
