La Diputación de Pontevedra tiende a mano a los ayuntamientos de la provincia para cumplir las “exigencias radicales” de las nuevas leyes de residuos y alcanzar los objetivos de reciclaje
El nuevo marco legislativo sobre residuos supone “una auténtica revolución” que impone a los ayuntamientos “exigencias radicales” bajo amenaza de sanción. Así lo anunció hoy el vicepresidente César Mosquera quien anunció que, ante los importantes y urgentes requerimientos que deben hacer frente los gobiernos locales, la Diputación de Pontevedra va a tender nuevamente a mano a los ayuntamientos de la provincia para que a través del Revitaliza vayan “por el camino que marca la ley”: habrá nuevas líneas de ayudas, se dará asesoramiento, y se ofertará incluso la creación de un cuerpo de control e inspección provincial.
El vicepresidente Mosquera viene de convocar una reunión con los ayuntamientos de la provincia para este miércoles en la que explicará todos los cambios de la legislación. Segundo dijo, el nuevo marco normativo derivado de la directiva de la UE de 2018, la ley gallega de 2021 y la nueva ley estatal que está en tramitación en el Senado supone un nuevo enfoque y requiere tomar decisiones al respeto.
La “fase de buenismo” en la que se pretendía alcanzar objetivos de reciclaje a través de acciones voluntarias con tratamientos más ecológicos se acabó, segundo dijo Mosquera, y se entra en una fase de resultados en la que se marcan deberes claros. Para los ayuntamientos esto supondrá que de manera inminente habrá nuevas exigencias: deber de cumplir objetivos de separación y preparación para el reciclaje; deber normativo de tener ordenanzas de gestión, servicio y económicas; obliga de un cuerpo de inspección y control municipal; y deber de recogida de información y traslado a la Xunta de Galicia.
Los plazos para cumplir con los objetivos de reciclaje, recordó Mosquera, están vencidos ya, puesto que en junio de 2020 era obligado haber preparado para reciclar el 50% de los residuos, en 2025 se exigirá reciclar el 55%, el 60% en 2030, y el 65% en 2035. Los resultados actuales distan mucho en la realidad ,ya que la provincia apenas llega al 15%, Galicia está entre lo 12 y el 13%, y el Estado alcanza el 15-16%. Los únicos municipios que se aproximaron a cumplir en el Estado– con alrededor del 40% de reciclaje- fueron varios ayuntamientos Revitaliza (Vilaboa, As Neves, Mondariz y Mondariz Balneario) que quedaron a las puertas por las dificultades de la COVID.
Las sanciones están ahí, destacó también el nacionalista, subrayando que ya hay abiertas muchas diligencias informativas y expedientes a comunidades como Asturias o Canarias, que deben hacer frente a peticiones de 35 millones de euros de multas más 6 millones de euros anuales por cada ejercicio que no cumplan con el reciclaje. “Hay un régimen sancionador que recaerá sobre las comunidades autónomas y muy probablemente rebotará en los ayuntamientos. Hay que poner manos a la obra”, destacó Mosquera.
Para hacer frente a la situación a Diputación está dispuesta nuevamente a dar instrumentos que faciliten cumplir los requerimientos. Segundo adelantó Mosquera, se ofertarán a los ayuntamientos líneas de ayudas para la elaboración de noticias normativas de residuos, cuya primera edición fue otorgada este mes. También se ofrecerá que la Diputación sea la responsable de transmitir la información local sobre los residuos de cada ayuntamiento a la Xunta.
Asimismo, cabe la posibilidad de crear un cuerpo de inspección de residuos provincial que dé servicio a los municipios, ya que ninguno cuenta con un cuerpo de funcionarios de carrera que pueda hacerse cargo del control de la gestión y el tratamiento de la basura. Finalmente, está previsto abrir una nueva línea de subvenciones con el matiz de estar vinculada al cumplimiento de objetivos de reciclaje.
“El miércoles vamos a proponer todo esto a los ayuntamientos para saber se quieren ir por ahí. Los que quieran sumarse, adelante. Los más avanzados van a tener toda ayuda y soporte en la Diputación”, finalizó Mosquera.
Fuente: Diputación de Pontevedra
